LOS DERECHOS SOCIALES EN VENEZUELA
La cuestión de los derechos sociales en Venezuela es un tema por demás complejo, y su análisis no es ajeno al devenir económico, social, político y cultural del país, como del reconocimiento que el sistema político y jurídico le ha dado a las conquistas y reivindicaciones de la sociedad para alcanzarlos. A fin de delimitar el objeto de estudio del presente trabajo, se hace referencia a la situación de los derechos sociales en Venezuela a partir del año 1999, en virtud claro está de la vigencia de la actual constitución, que señala en sus artículos 2º y 3º:
Artículo 2°. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Artículo 3°. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
La adopción en el texto constitucional de estos fines, más allá de proponer una carta magna de avanzada en el contexto latinoamericano, que confirma la tendencia iniciada desde comienzos de siglo XX, con la Constitución Mexicana de Querétalo (1917) donde los derechos sociales que se van creando por la vía de los acuerdos y convenciones internacionales pasan a ser parte de los textos constitucionales, crea para el estado venezolano obligaciones en cuanto a su implementación y cumplimiento.
El goce de los derechos sociales va a depender en primer lugar, de políticas gubernamentales transparentes que aseguren servicios públicos básicos como agua potable o energía eléctrica, entre otros, así como servicios públicos fundamentales como vivienda, educación, salud y trabajo, en segundo lugar, de la existencia de poderes públicos independientes ante los cuales se pueda reclamar por el incumplimiento de esas obligaciones, que las hagan cumplir de manera expedita y conforme a la justicia, y finalmente, a través de la participación ciudadana bien sea desde la contraloría social, la participación en la elaboración de políticas relacionadas con las necesidades de las comunidades o el ejercicio de su derecho a protestar o reclamar al gobierno de turno individual o colectivamente.
Analicemos el desempeño de esta tríada de factores durante el actual gobierno. En primer término, una de las herramientas que permite analizar la acción de las políticas públicas de un gobierno es su presupuesto anual de gastos, Venezuela es un país monoproductor cuyos ingresos provienen de la exportación de crudo (aunque en gran medida también de la recaudación de impuestos) con lo cual es evidente que su presupuesto esté regido por los vaivenes de esta materia prima, ahora bien, el gobierno nacional calcula el valor del barril de petróleo muy por debajo del valor real promedio[1] lo que le permite manejar discrecionalmente un presupuesto paralelo que no pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional ni por la Tesorería Nacional lo que resta transparencia y rigurosidad en su ejecución, y propicia desigualdades en su distribución. No obstante lo anterior, veamos cual el gasto relacionado con los servicios públicos fundamentales durante 2010 y 2011 y su variación interanual tomando en cuenta los altos índices inflacionarios presentes en la economía venezolana.
AÑO | Educación | Seguridad Social | Salud | Desarrollo Social y participación | Vivienda |
2009 (Mill.Bs.) | 30.496 | 23.264 | 13.775 | 10.438 | 675 |
2010 (Mill.Bs.) | 29.052 | 19.691 | 13.896 | 6.223 | 1.371 |
2011(Mill.Bs.) | 30.494 | 22.255 | 17.931 | 15.917 | 1.729 |
VARIACIÓN % REAL | -19,26 % | -13 % | -1 % | 97 % | -3 % |
Fuente: Presupuesto Nacional 2011.
El decrecimiento de la inversión estatal en estas áreas fundamentales contrasta significativamente con el gasto asignado para defensa nacional, referido a la compra de armamento y tecnología asociada al campo militar, el cual se ha disparado de manera vertiginosa durante la actual administración, y evidencia la falta de compromiso de cumplir con su obligación de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de manera progresiva, priorizando los sectores relacionados con lo social.
Un segundo elemento en la consecución de los fines sociales establecidos en la Constitución Nacional es la existencia de instituciones que planifiquen, materialicen y controlen la ejecución de las políticas públicas del ejecutivo.
La política del gobierno nacional de recentralizar todos los servicios públicos y nacionalizar los sectores más importantes de la producción nacional bajo la justificación de que todo tiene un valor estratégico para los fines del estado, ha traído como consecuencia un estado cada vez más ineficiente que asume roles del sector privado (Servicios Básicos, Banca, Industria, entre otros), un estado que no planifica a mediano y largo plazo, que resuelve todo en función de la contingencia del momento o con ocasión de un evento electoral. Un poder legislativo que no cumple con su función de control sobre el gasto del ejecutivo en áreas sensibles, y que secunda la firma de acuerdos de intercambio comercial con otros países que crean empleo fuera del país en detrimento de la producción, el empleo y el desarrollo de la industria nacional.
Las consecuencias de dichas políticas se evidencian en el precario y atrasado estado de la infraestructura venezolana, que por cierto fue levantada en casi su totalidad en décadas anteriores[2]; como también en el negativo impacto de las intervenciones y confiscaciones del gobierno en las industrias básicas que constituyen el motor de las cadenas productivas y del empleo; el degradante servicio de salud pública con que cuenta la población de menores recursos, el actual déficit de más de 2 millones de viviendas y los grandes problemas de planta física y calidad de la educación básica y diversificada; aunado al deficiente presupuesto asignado al sector universitario que impide ofrecer a los docentes salarios competitivos y haciendo que la investigación en Venezuela esté en los actuales momentos cercana a cero.
Es por ello que la consagración en el texto constitucional de derechos sociales no garantiza su efectividad y goce, es necesario para ello articular la relación de derechos constitucionales y políticas públicas serias que los satisfagan, se deben definir estratégias en las áreas de interés primordial determinando con toda precisión los entes responsables de su ejecución, bajo la premisa de responsabilidad social y transparencia, llevando a cabo un verdadero control institucional, que permita el acceso de la sociedad civil organizada y de las propias comunidades beneficiarias de las obras o servicios a la información relativa a la concesión, su alcance, su tiempo de ejecución, etc.
El poder judicial debe tramitar con toda prontitud y diligencia las denuncias y acciones relativas a los derechos colectivos con total independencia y respetando el dictamen constitucional, sin criminalizar las protestas y reclamos de los trabajadores, y usuarios de los servicios[3] y el poder ciudadano debe verdaderamente “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público”…
La tan anhelada justicia social que proclama la constitución pasa por la formulación de leyes que verdaderamente se instrumenten a través de políticas públicas que disminuyan las desigualdades de la sociedad, es natural que existan diferencias económicas, pero ello no puede ser óbice para que las clases menos favorecidas tengan servicios públicos de menor calidad que las clases pudientes.
El Gobierno Nacional, en su obligación de garantizar una sociedad más justa debe implementar políticas de estratificación donde quien tenga mayor capacidad económica participe en mayor medida en el pago de los servicios públicos[4] (como agua, energía eléctrica, aseo urbano, derecho de frente, etc.), y quienes posean menos capacidad económica aporten en menor medida en el pago de los mismos, pero igual paguen, evitando la utilización ilegal y el derroche (si no me cuesta, no me importa) de allí que pagando cada quien según sus capacidades, todos podrían recibir y reclamar servicios de calidad. Este concepto de estratificación pudiese ser aplicado a otros ámbitos: la salud, la educación, la vivienda, incluso la compra de gasolina. Un elemento que puede ser utilizado para la determinación del estrato social puede ser la ubicación de la vivienda principal que sirva de hogar a cada familia.
El desarrollo de esta política de proporcionar servicios públicos de calidad a todos por igual disminuye las diferencias en el acceso a los mismos, crea equidad y bienestar colectivo, en lo educativo fomenta la igualdad de competencias y formación de capacidades, en la salud propicia un sistema más equilibrado que debe acompañarse de la mejora sustancial en los servicios, a través de la diversificación de los actores de la salud, las empresas privadas de salud deben ser actores fundamentales, que bajo la supervisión del estado ayuden a descongestionar los actuales centros públicos de salud, para nadie es un secreto que incluso los funcionarios públicos cuentan con seguros de hospitalización privados, lo que evidencia el estado de este sector. En el tema de la vivienda, sector potenciador del aparato productivo nacional, el estado debe buscar asociaciones estratégicas y propiciar desde luego el desempeño de la empresa privada, con reglas de juego claras y respetando los derechos de los propietarios, los empresarios y los compradores.
Finalmente, la gestión política en función de proporcionar calidad en los servicios públicos, cumpliendo con el mandato constitucional es una obligación del gobierno en todos sus ámbitos, es su razón de ser y por ello la ciudadanía tiene que exigir que se materialicen los conceptos no solo en leyes y reglamentos, en programas, planes y misiones, si no en la práctica, con su participación activa, creando sentido de justicia con los servicios de calidad, para que la colectividad aprenda a valorarlos y respetarlos. Para que sus oportunidades como individuos en la sociedad sean más justas, y sus capacidades les lleven a un mayor grado de prosperidad y bienestar, estrechando la brecha socioeconómica de las clases hacia arriba, hacia mayores niveles de calidad vida, en cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Nacional.
[1] El presupuesto nacional para 2011 establece un barril de petróleo en US 40, siendo su valor real US 100. Esta práctica no se corresponde con el histórico de su valor. Así, para 2010 el estimado era US 40 y su precio promedio fue de US 68, y para 2009 fue estimado en US 35 y su valor promedio fue de US 80.
[2] Ejemplo de ello es lo relativo a las vías de comunicación, en Venezuela para acceder de oriente a occidente todo el transporte público debe atravesar la ciudad capital, no existiendo vías circunvalares que eviten el pesado tráfico, congestionando la ciudad capital y generando pérdidas en la productividad y deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos que habitan y transitan por la capital de la República.
[3] Las manifestaciones y protestas permiten a los gobiernos detectar las fallas en la ejecución de las políticas públicas, lamentablemente en Venezuela durante los últimos se ha venido criminalizando la protesta, son emblemáticos los casos de los usuarios del metro de Caracas detenidos y procesados por manifestar su inconformidad con la calidad del servicio; o el caso del dirigente sindical Rubén Gonzáles quien estuvo detenido durante 17 meses, siendo incluso condenado a 1 año y medio de prisión por liderizar una protesta a favor de los trabajadores de la Ferrominera en el Estado Bolívar.
[4] En Venezuela bajo un pretendido sistema socialista quien vive en una zona de clase alta paga lo mismo por los servicios públicos que recibe que quien vive en una zona de clase media y media baja, y además de ello quienes viven en barriadas o ranchos generalmente no pagan por los servicios básicos, lo que deteriora la calidad del servicio en un espiral de inequidad e ineficiencia.
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